01/09/2026
El agujero financiero en Villarrica bloquea G. 3.000 millones y frena el pago de salarios
La crisis presupuestaria que atraviesa la Municipalidad de Villarrica golpea directamente las arcas institucionales y el bolsillo de sus trabajadores. Un déficit multimillonario heredado de la gestión del exintendente Magín Benítez (PLRA) mantiene congelados casi G. 3.000 millones en el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). La falta de rendición de cuentas e inconsistencias documentales impiden que el gobierno central desembolse los recursos correspondientes a los rubros de Fonae y Royalties.
El resultado contable revela que la administración saliente ejecutó un total de G. 21.854.820.652 en un periodo de apenas siete meses del 02 de enero al 03 de julio del 2026. Pese a que entre el 1 y el 3 también ingresaron más de G. 726 millones en concepto de recaudación ordinaria, la caja municipal quedó con saldo cero tras la renuncia del ejecutivo saliente. La ausencia de comprobantes y facturas respaldatorias sobre el destino de esos fondos paralizó los trámites de regularización ante el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
Esta asfixia financiera afecta de manera directa al personal de la institución. Los funcionarios municipales y el plantel docente de la Escuela Municipal de Artes y Danzas enfrentan constantes retrasos en sus haberes. La administración interina a cargo del exconcejal Lic. Ovidio Cuevas (ANR) solo pudo abonar los sueldos del mes de junio, dejando pendientes los pagos de julio y agosto. La cancelación de estas deudas laborales se realiza a cuentagotas y depende exclusivamente de lo poco que ingresa por recaudación diaria.
El panorama se complica aún más por la imposibilidad de acudir al sistema bancario privado. El municipio arrastra una deuda morosa que supera los G. 1.000 millones no abonados en el periodo anterior, lo que bloquea cualquier solicitud de nuevos créditos en bancos privados para paliar el déficit operativo.
El equipo técnico actual continúa buscando alternativas para destrabar los fondos retenidos por el Estado nacional sin lograr avances significativos por la falta de papeles de origen. Ante la parálisis institucional y la falta de recursos para cubrir compromisos básicos, la Junta Municipal y el ejecutivo interino evalúan presentar las denuncias correspondientes ante la Contraloría General de la República (CGR) y el Ministerio Público.
